19/11/2019. NACIONALES. Tecnologías
La denuncia administrativa es la manifestación detallada y motivada por la que un usuario pone en conocimiento del Senasa la actuación de un tercero y/o funcionario público relacionada con presuntas transgresiones a la legislación vigente, cuya competencia, corresponda al organismo sanitario.
La nueva norma – que continua y abroga la Resolución Senasa Nº 54/2015 - entra en vigencia desde mañana tras ser publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del presidente del Senasa, Ricardo Negri.
La Resolución Senasa 1517/2019 detalla el procedimiento interno a seguir para tramitar la denuncia – que puede ser anónima - siendo el área competente la que investigue e informe del resultado de sus averiguaciones y, en caso de ser necesario, las medidas implementadas.
La recepción y derivación de denuncias administrativas queda a cargo de la Coordinación de Gestión Operativa, Articulación Regional y Denuncias (CGADEN) de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Senasa, que interviene en su registro, administración y seguimiento.
En aquellos casos que pudieran configurarse como “Delitos Contra la Administración Pública” la CGADEN recolecta información y redacta el informe circunstanciado y, en caso necesario, deriva las actuaciones al área competente para darle curso al procedimiento aplicable al caso.
Las denuncias administrativas pueden presentarse personalmente, en la mesa de entrada de la sede central o de cualquier oficina del Senasa; por correo postal dirigido a la Dirección de Asuntos Jurídicos o a la CGADEN, Avenida Paseo Colón N° 367, Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por correo electrónico a denuncias@senasa.gob.ar; telefónicamente, al 0800-999-2386, Opción 2, o al (011) 4342-9475 (CGADEN) o a través de la página web y completando el formulario en línea.
El denunciante tiene el derecho a conservar su anonimato o a su reserva de identidad en este último caso solo será revelados ante requerimiento judicial.
Las denuncias administrativas ante el Senasa deben contar los hechos y/o conductas con presuntas transgresiones a la legislación vigente de competencia del Organismo.
