14/01/2019. NACIONALES.
El pasado 9 de noviembre se publicaron en el Boletín Oficial dos decretos presidenciales por medio de los cuales se aprobaron dos créditos concedidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Estado nacional argentino por un monto total de 350 millones de dólares.
El primero –decreto 1037/18– correspondió a un préstamos del BID para financiar el “Programa de Apoyo a Políticas de Igualdad de Género” por una suma de 200 millones de dólares.
El objetivo de ese programa –según indica el decreto– es establecer un “marco normativo e institucional dirigido a promover la autonomía física y económica de las mujeres y de la capacidad de gestión pública de las políticas de género”.
Para liberar el crédito, el BID estableció una serie de exigencias previas, entre las cuales se incluyen la creación del Instituto Nacional de las Mujeres “con nivel de Secretaría de Estado” y “que se proponga a las instituciones de la Administración Pública Nacional la identificación de políticas de género en sus presupuestos”.
El BID, por medio de un comunicado institucional, aseguró que ese préstamo es “el primer PBL (programa de reforma de políticas por sus siglas en inglés) en el mundo enfocado exclusivamente a cerrar las brechas de género”.
El segundo contrato –decreto 1038/18– corresponde a un crédito del BID por 150 millones de dólares destinado al financiamiento del “Proyecto de Drenaje y Control de Inundaciones en la provincia de Buenos Aires”, por medio del cual se intentará “mejorar la protección de la población ante riesgos de inundaciones y reducir los costos económicos asociados a dichos eventos”.
Argentina se encuentra nuevamente en emergencia hídrica luego de que en las últimas dos semanas se registraran precipitaciones excesivas en el norte y centro del país. En mayo de 2017 se promulgó la Ley de Emergencia Nº 27.355 –sancionada por el Congreso a fines de abril de ese año– por medio de la cual se declaró zona de desastre y emergencia hídrica, económica, productiva y social, por el término de ciento 180 días, a diferentes regiones de once provincias argentinas
Las autoridades de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (Ucofin), dependiente del Ministerio de Hacienda de la Nación, dejaron en 2018 de publicar datos sobre la originación y destinos de los recursos generados a partir de un impuesto aplicado sobre la venta de nafta y GNC creado en 2001 para financiar obras tendientes a mitigar daños por inundaciones en zonas productivas.
