29/12/2023. NACIONALES.
Las reacciones fueron divergentes: algunos expresaron preocupación por el riesgo que implica permitir al Gobierno establecer cortes mínimos, cumplir con el corte mediante productos importados y abrir las importaciones, entre otros aspectos. En tanto, otros celebraron la llegada de la libre competencia y la eliminación de cupos.
Con el proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” se busca sustituir ocho artículos y derogar otros diez de ley de 2021, que había sido impulsada en su momento por el kirchnerismo. En consecuencia, los principales cambios que establece son la apertura de las importaciones de biocombustibles, la eliminación del sistema de cupos por empresa para el abastecimiento, el permiso a las petroleras para participar del negocio y la desregulación del precio, que ya no será fijado por la Secretaría de Energía, sino por acuerdos entre privados.
Además, específica los productos que serán comprendidos como biocombustibles y crea un registro de productores. También impone porcentajes mínimos de mezcla.
Claudio Molina, analista de bioenergía y ferrocarriles, alertó sobre el riesgo de otorgar a la autoridad de aplicación la facultad de establecer el corte mínimo. Actualmente, este se encuentra en 7,5% para el biodiésel y 12% en etanol. “Si esta ley se aprueba, en un futuro la Secretaría de Energía podría reducir el corte al mínimo insignificante. Por otro lado, los refinadores de petróleo podrían justificar que están entregando un combustible de baja huella de carbono incorporando materias primas renovables, en lugar de cortar con biocombustible”, apuntó.
Otra amenaza que Molina señaló es incorporar biocombustibles importados que, en una situación extrema, podría llevar a que la Argentina consuma solo biocombustibles de ese origen.
Molina teme por el riesgo de “inundar el mercado interno si llegara bioetanol de Brasil o Estados Unidos, que son los complejos industriales más grandes del mundo en la materia y presentan enormes asimetrías con la industria nacional”.
“Lo mismo ocurriría si llegara biodiésel de palma desde Indonesia, que es competitivo”, agregó y remarcó: “Mientras la Argentina no puede exportar ni un litro de biodiésel a Estados Unidos debido a aranceles antidumping y antisubsidios del 140%”.
No obstante, Molina, aclaró que el producto nacional tiene una ventaja de precio en relación con los importados. “La existencia de retenciones agrícolas en la Argentina abarata el precio de los bienes comercializados en el mercado local, porque el ingreso de los exportadores se ve reducido por el pago de esas retenciones y, por ende, a ellos les resulta indiferente vender a paridad de exportación el mismo producto en el mercado interno. De esta manera se genera una protección contra las importaciones”, comentó.
Cambio
Otro cambio importante que destacó es que se quita la prohibición de la ley 27.640 a abastecer el mercado interno a los exportadores de biodiésel. “Los refinadores de petróleo pueden comprarle a cualquier proveedor de biocombustible que le asegure un cumplimiento de un protocolo de calidad”, dijo.
En tanto, calificó como “gravísimo” que se grave a los biocombustibles con el impuesto a los combustibles líquidos y al CO2. “Se usa para un producto de baja huella de carbono y mejora de emisiones dañinas a la salud, el mismo tratamiento que a la nafta y al gasoil”, apuntó.
Además, destacó que con este proyecto se eliminan los cupos. Hoy las petroleras tienen que comprar obligatoriamente el biocombustible a las empresas que tienen cupo de la Secretaría de Energía. “Es un tema que tiene una parte de la industria a favor y otra parte en contra. Mi posición es que estoy a favor de la libre competencia, siempre y cuando se haya una correcta segmentación”, expresó. Molina señaló: “Cualquier competencia sana, segmentada y transparente para evitar monopolios y oligopolios es muy importante”.
Otra visión sectorial es la del presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Luis Zubizarreta, quien celebró los cambios del proyecto. “Nosotros venimos reclamando hace tiempo que tenemos que ir a un esquema de competencia. Tenemos que abandonar este esquema que ni siquiera es transparente, sino que es discrecional y discriminatorio, donde la Secretaría de Energía define los precios y quiénes venden. Eso lo tiene que hacer el propio mercado. Todos tienen que poder competir y que sea el comprador quien defina a quién le compra y pueda haber puja e incentivos a bajar costos y ser competitivos”, expresó.
Por esa razón, indicó que no estuvieron de acuerdo cuando en 2021 se aprobó la ley de biocombustibles. “Genera un sistema que no existe en ningún país del mundo, donde hay cuotas y precios definidos por las autoridades, que en realidad los debería definir el mercado. Por eso, este proyecto nos parece un cambio en la dirección correcta para mejorar la competitividad de nuestra economía”. Esta ley les permitiría a siete empresas de Carbio comenzar abastecer al mercado interno.
Asimismo, consideró correcto que se permita a las petroleras participar del negocio. “Cada actor tendrá que fortalecerse para poder competir y, si hay alguien que lo hace mejor, bienvenido”, afirmó.
Por último, coincidió con Molina en que se debería “rever” la inclusión de los biocombustibles en el impuesto al CO2: “Ese impuesto es una carga fiscal a raíz de las emisiones que generan los combustibles fósiles. Por eso el beneficio tiene un sentido amparado en el beneficio ambiental que generan los biocombustibles”. Según detalló el presidente de Carbio, no hubo ningún contacto con el Gobierno previo a la publicación del proyecto.
Comunicado conjunto
En un comunicado conjunto, el Centro Azucarero Argentino y la Cámara de Bioetanol de Maíz se refirieron al proyecto para modificar la ley de biocombustibles e informaron que propusieron a la Secretaría de Energía “un plan de desarrollo alineado con las políticas de descarbonización del transporte, introduciendo mecanismos de competencia y de libre mercado”.
“Creemos que, en lo relacionado a bioetanol, el proyecto de ley del Ejecutivo presenta numerosos inconvenientes por lo que queremos abrir el debate con ejes que incluyan más valor agregado federal, más sustentabilidad, y más desarrollo en un marco de mayor competencia y desregulación de la actividad”, dijeron.
“Es igualmente importante respetar todas las condiciones actuales de producción y comercialización para aquellos que invirtieron bajo el actual régimen, garantizando la plena seguridad jurídica de las empresas, una condición sine qua non para el desarrollo de cualquier país”, agregaron.
Señalaron que proponen una convergencia técnica con el Mercosur, “llevando el contenido mandatorio de bioetanol de producción nacional a un rango de entre 18% y 27%, con mecanismos de competencia abierta, tanto en volumen como en precio, y habilitar un mercado libre de bioetanol para cortes superiores al 27%”.
Autorizan aumentos
En tanto, la Secretaría de Energía publicó hoy dos resoluciones en las que elevó los precios del biodiésel y del bioetanol -a base de maíz y de caña de azúcar- para su mezcla obligatoria. Aumentó hasta 33,65% el precio de compra de bioetanol y 34,44% el del biodiésel.
El precio mínimo de adquisición del biodiésel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil se fijó en $923.590 pesos por tonelada. Esto implica un incremento significativo en comparación con los $686.986 pesos por tonelada previos.
En paralelo, otra resolución elevó los precios del bioetanol a base de caña de azúcar a $465,84 pesos por litro, desde los $348,539 anteriores, y el bioetanol a base de maíz en $463,911 pesos por litro, frente a los $361,167 previos.
