20/02/2024. NACIONALES.
Es decir: en la actual coyuntura macroeconómica e internacional, con precios de los granos derrumbándose y un riesgo creciente de una crisis financiera global, ya no es factible seguir aplicando derechos de exportación al agro argentino a menos que se pretenda favorecer un proceso salvaje de concentración.
Algunas opiniones relativas al artículo mencionaron que el problema, en realidad, reside en el elevado valor de los arrendamientos agrícolas, un mercado casi perfecto en el cual opera con plena libertad la oferta y la demanda.
Pero ese planteo es completamente erróneo porque, en primer lugar, habilita conceptualmente la necesidad de intervenir ese mercado al considerar que el precio de un bien –en este caso la tierra productiva– está demasiado “caro”.
Por otra parte, las normas contables de cualquier actividad económica indican que resulta indispensable considerar todos los costos al momento de calcular la rentabilidad. Esto, que es un obviedad de jardín de infantes en gran parte de la economía, en el agro sigue siendo –aunque parezca mentira– una cuenta pendiente que se refleja en la estimación de márgenes “con y sin arrendamiento”.
Aun en los casos de empresas agrícolas con tierra propia, los márgenes deben ser estimados y consolidados considerando el costo de oportunidad de la tierra, pues, sencillamente, si el margen por obtener al producir es inferior al generado por el arrendamiento, entonces la decisión más racional sería alquilar el establecimiento en lugar de ponerlo en producción.
El valor inmobiliario debe ser contemplado en todas las actividades –agrícolas, ganadera y lechera–, pues, de otra manera, resulta imposible evaluar el valor agregado (o desagregado) generado por la gestión gerencial de la empresa.
Las empresas agropecuarias más sofisticadas hace tiempo que emplean ese criterio integral, además de utilizar además programas de gestión para integrar análisis contables, financieros y patrimoniales, pero no es la norma general en el sector.
