09/08/2019. NACIONALES. Actualidad
El ternero que la gran campeona Brangus paseó la semana pasada dentro de su vientre, durante la jura de la raza en Palermo, ingresará al ciclo productivo recién el año próximo. Lo mismo le ocurre al trigo que crece en los lotes de la región pampeana y que entrará al canal comercial a partir de diciembre, o al maíz que se sembrará en septiembre y se venderá en abril próximo.
Los tres casos tienen la particularidad de que la inversión se realizó con un gobierno y puede llegar, porque en el medio hay un proceso electoral, a pagar sus primeros dividendos con otra gestión.
En un escenario normal, y a partir del repunte que ha tenido al agro en el último año como motor de la economía, no debería haber grandes cambios. Sin embargo, las marchas y contramarchas que ha tenido la política agropecuaria en los últimos años, más allá de quiénes sean sus impulsores, no despejan interrogantes.
Idas y vueltas
A menos de una semana de que comience el calendario electoral para elegir en octubre un nuevo Gobierno, y a 11 meses de la reestructuración de gabinete que había reducido su jerarquía, la actual Secretaría de Agroindustria pasó a llamarse Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a partir de la decisión que tomó el presidente Mauricio Macri.
Si bien se trata de un gesto político hacia el sector, cuyos representantes habían objetado la degradación funcional a comienzos de septiembre de 2018, el momento en que ocurre su revalorización lo colorea con un tinte electoral: a menos de 15 días de la elección Primaria Abierta, Simultánea y Obligatoria (Paso).
¿Qué cambió en estos 11 meses para volver a darle a Agricultura el rango de Ministerio? Desde lo productivo, el agro aportará este año la mayor cosecha de granos de su historia, y la carne bovina sigue sumando mercados y exportaciones.
Desde lo operativo, y en el marco de una política de ajuste fiscal, es poco lo que va a cambiar. El flamante ministerio tendrá un presupuesto acotado, las retenciones adicionales para los principales productos (el pago de tres y cuatro pesos por cada dólar exportado) mantendrá su vigencia al menos hasta diciembre de 2020, y las reformas aún pendientes dentro de organismos descentralizados, como el Senasa, seguirán en esa condición, como mínimo, hasta que el escenario electoral se despeje.
Adecuar parte de la legislación sanitaria que lleva más de 40 años a los nuevos requerimientos internacionales es materia pendiente. Es parte de lo que necesitan los alimentos argentinos para ser más competitivos en el mundo.
La decisión de implementar el trozado en cuartos de la res bovina para su comercialización en las carnicerías también fue congelada hasta después de las elecciones nacionales.
Como el sistema que va a reemplazar a la media res iba a debutar en la provincia de Buenos Aires (donde hay más bocas minoristas), el Gobierno lo postergó ante la paridad electoral que hay en ese distrito entre el oficialismo y el kirchnerismo. Mientras tanto, el resto del país deberá esperar por este cambio histórico en la venta de carne.
La expansión que exhibe el sector agropecuario requiere –según sostienen productores y representantes de la agroindustria– de una política a largo plazo, con reglas de juego claras y operativas. Más allá del gobierno de turno y de las conveniencias electorales.
