11/06/2020. NACIONALES.
El documento difundido por CRA está integrado, fundamentalmente, por preguntas que se hace la entidad sobre este proceso y los mensajes negativos que puede dejar para el sector privado.
“Estos anuncios cargados de efusividades políticas dejan muy poca información real; por ejemplo: ¿El Estado nacional se hará cargo del pago de los créditos verificados en el proceso concursal; lo hará, cuándo, cómo y por qué monto?”, se pregunta CRA.
Y continúa: “¿Nacionalizará el Estado una deuda totalmente privada? El concurso tiene un juez y un ámbito. Este sistema de decisiones del Ejecutivo por encima del Judicial, ¿es el que viviremos a futuro? ¿Empresas endeudadas en concurso, empresas nacionalizadas?”.
En este contexto, CRA teme que estas decisiones políticas dejen a los argentinos sin resguardo institucional, sobre todo por lo que considera que es un avasallamiento del Poder Judicial.
“Las actividades y criterios de los empresarios privados y el manejo de sus empresas tienen a la justicia como evaluadora y sancionadora de sus conductas. Pero si aceptamos que el Poder Ejecutivo arremeta contra los jueces naturales, habremos convalidado la quiebra del principio republicano de la división de Poderes”, subraya CRA.
Sobre la posible expropiación que debe aprobar el Congreso, también teme que exista “una línea orientativa del Gobierno para avanzar sobre las empresas privadas, y la historia de la Argentina demuestra que los avances del Estado sobre las empresas privadas no han sido positivos”.
Miradas locales
En este marco, las Sociedades Rurales de Jesús María (SRJM) y de Río Cuarto (SRRC) emitieron también sendos comunicados en los que dejaron sentadas sus posiciones en relación a este tema. Como son parte de Cartez, y por ende de CRA, su mirada fue similar a la expresada por la entidad confederada.
La SRJM dijo que ve con “suma preocupación” la intervención del Estado al Grupo Vicentín, porque “quebranta al Poder Judicial”. “Consideramos que debería ser la Justicia –y no el Ejecutivo- el Poder encargado de canalizar el concurso preventivo de este importante operador del mercado de granos”, expresó la rural jesusmariense.
Según su mirada, una intervención por decreto “no hace más que quebrantar la división de poderes”, porque se supone que sólo un juez puede disponer la intervención de una sociedad comercial. “Pensemos entonces en tantas otras empresas en la misma situación. ¿En qué nos convertiríamos en un futuro?”, se pregunta la SRJM.
Bajo este panorama, la entidad consideró que el Gobierno está “conculcando derechos”, en un proceso que “no sólo es un alzamiento contra la Ley, sino un avasallamiento a la empresa concursada”.
“La historia nos demuestra que las expropiaciones –y todo intento similar- no dan buenos resultados, sino todo lo contrario”, dijo, en coincidencia con CRA.
“Estamos convencidos de que el mercado granario es lo suficientemente legítimo, transparente y auditable como para requerir del Estado su intervención. ¡No vayamos por ese camino!”, concluyó.
Por su parte, la Rural de Río Cuarto también expresó su preocupación por esta situación y mencionó que “la medida del Poder Ejecutivo –que cada vez se arroga más facultades- es peligrosa desde el punto de vista institucional porque elude y desacredita al Congreso y al Poder Judicial”.
“La medida asumida a través del DNU constituye una violación a la propiedad privada consagrada en la Constitución, al tiempo que también socava a la Justicia, que está actuando en el proceso de convocatoria de acreedores”, enfatizó la SRRC.
También consideró “poco oportuno” que el Estado asuma una deuda de 1.350 millones de dólares, cuando tiene problemas financieros. Sobre este punto, recordó que otras intervenciones anteriores han demostrado que el Estado es ineficiente administrando empresas y generalmente termina acumulando más deuda que cae en las espaldas de todos los contribuyentes.
Presión a diputados
Así como en 2008 con la resolución 125, en el sector agropecuario también consideran que se está avasallando la República.
Por eso, además de cuestionar una medida del Ejecutivo que avanza sobre un proceso que se estaba resolviendo en el ámbito judicial, los representantes del campo ya comenzaron a presionar a sus diputados provinciales para que no avalen la expropiación en el Congreso.
El director en Córdoba de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Alejandro Ferrero, expresó que hay que estar “muy atentos a cómo van a votar los diputados”.
Ese fue el poco que eligió también la Sociedad Rural de Bell Ville y el grupo de productores autoconvocados en un comunicado conjunto en el que cuestionaron la intervención de Vicentin porque “es una clara actuación en desmedro de la división de poderes”.
“Es por ello que instamos a los legisladores de nuestra provincia a no convalidar este avance sobre la propiedad privada, la división de poderes y la Constitución Nacional”, expresaron desde el sudeste cordobés, donde están organizando un "bocinazo" para el próximo sábado.
