21/02/2022. NACIONALES. Política Agropecuaria
La Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM), con el apoyo otras entidades rurales. presentaron un recurso se amparo en los Tribunales Federales de Córdoba para frenar el cobro de las retenciones a los granos y subproductos a partir del 1° de enero de este año hasta que el Congreso fije la nueva modalidad.
“Recurrimos a un amparo después de haber exhortado al Poder Ejecutivo y al Legislativo desde el 8 de enero pasado, cuando advertimos que no hay sustento reglamentario para el cobro del impuesto. Trabajamos estas semanas en esta crítica situación para exigirle al Poder Judicial que nos dé la razón porque las argumentaciones presentadas son contundentes", dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, en una conferencia de prensa."Las retenciones son inconstitucionales y para que un tributo exista, debe existir la ley que avale ese tributo", disparó el ruralista.Según explicó el dirigente, decidieron ir a la Justicia porque tanto desde el Ejecutivo como de los legisladores no tuvieron respuestas ante el planteo de que cese el cobro de este impuesto que se inició el 8 de enero de este año en la asamblea de productores en Armstrong (Santa fe), que estuvo liderada por la mesa de enlace con productores."Charlamos con muchos legisladores a quienes le expresamos nuestro punto de vista. Les pedimos que traten este tema en extraordinarias y no pudo ser. Desde nuestro lugar le se lo seguimos pidiendo porque es una obligación asumir su responsabilidad y trabajar en este tema", destacó Pino, quien agregó que solamente el amparo fue presentado por dos entidades porque "no todas las entidades tienen capacidades técnicas para hacerlo".Pino adelantó que los ruralistas se reunirán en estos días con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y pondrán a este tema en la agenda.Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, entre los 6 cadenas agroindustriales más importantes, para 2022 se estima que el año finalizaría con un aporte cercano a US$ 9.311 millones, una cifra similar a la del año 2021, apenas US$ 200 millones superior.Esto mayor recaudación se da por la suba de los precios del complejo soja (poroto, harina y aceite) pese a que la producción caerá por la sequía que atraviesa el país desde enero pasado.Los motivosSegún argumentaron las entidades, el 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en el art. 52 de la Ley de Emergencia Pública dictada en diciembre de 2019 (Ley 27.541) que permite al Presidente de la Nación fijar derechos de exportación.Ante el vencimiento de ese plazo, el Gobierno incluyó en el proyecto de ley de presupuesto para el año 2022 una prórroga por dos años de esa facultad, pero ese proyecto fue rechazado en el Congreso de la Nación. Por lo tanto, la legislación que habilitaba al Poder Ejecutivo a fijar retenciones ha concluido.Por lo que argumentaron que según lo dispone la Constitución Nacional, y tal como lo reconocen los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más aún los últimos fallos de la materia, las retenciones a la exportación, por ser manifestaciones del poder tributario del Estado, solo pueden ser exigidas por ley del Congreso, y el Poder Ejecutivo tiene prohibida su creación en cualquier circunstancia.En estos últimos años, agregaron, el Gobierno fijó las retenciones porque así lo había habilitado la última ley de emergencia antes referida. Pero esa facultad de emergencia, por naturaleza transitoria, ha vencido por el mero transcurso del plazo fijado.
