El Gobierno le puso la lupa a 25 exportadores por supuestos millonarios incumplimientos

El Gobierno evalúa endurecer “el accionar administrativo” de alrededor de 25 empresas exportadoras, de distintos rubros, por supuestos “incumplimientos” en la liquidación de las exportaciones de bienes.


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El Gobierno le puso la lupa a 25 exportadores por supuestos millonarios incumplimientos


Para el Ministerio de Economía, empresas de diversos rubros tienen pendiente de liquidación US$1543 millones

El Gobierno evalúa endurecer “el accionar administrativo” de alrededor de 25 empresas exportadoras, de distintos rubros, por supuestos “incumplimientos” en la liquidación de las exportaciones de bienes. La decisión es del Ministerio de Economía, donde buscan avanzar en las denuncias contra las firmas, pero, a su vez, intentarán abrir una “ventana” para que estas tengan “la oportunidad” de liquidar las divisas pendientes ante el Banco Central (BCRA).

La veintena de firmas que fueron denunciadas podrían sufrir bloqueos cambiarios tanto de las sociedades como a sus integrantes. Según información oficial, a través de un informe remitido al Banco Central, la cartera que conduce Sergio Massa remarcó que hay 25 empresas exportadoras de distintos rubros que tienen pendiente de liquidación ante el BCRA de US$1543 millones. Esta supuesta maniobra, señalan, es para “aprovechar la brecha”, por lo que “no liquidan las divisas ante el BCRA y lo dejan en el exterior o lo convierten al tipo de cambio de contado con liquidación”.

En ese sentido, manifestaron que todas estas firmas están siendo investigas fiscalmente por DGI-AFIP, y que ya se “iniciaron presentaciones ante la UIF por posible lavado de dinero”.

En esa línea, mencionaron que “el Ministerio de Economía evalúa el dictado de un decreto para endurecer el accionar administrativo frente a estos incumplimientos, abriendo una ventana a los exportadores para que tengan la oportunidad de liquidar las divisas pendientes”. Las firmas van desde cerealeras, no vinculadas al Centro Exportador de Cereales (CEC), frigoríficos, el sector pesquero, refinerías y curtiembres.

El decreto impulsado desde el Ministerio instruirá al BCRA a suspender la autorización para operar en el mercado de cambios y cursar nuevas operaciones de exportación a las empresas que no cumplan con la obligación de liquidar las divisas de las operaciones de comercio exterior en el mercado oficial de cambio, en línea con las medidas precautorias que establece el art. 17, inc. a) de la Ley N° 19359 de Régimen Penal Cambiario (t.o. Decreto N° 480/95).

Explicaron también que todos los meses Aduana-AFIP envía un reporte oficial al BCRA para que actúe en el marco de sus competencias, porque la autoridad de aplicación de la ley penal cambiaria es justamente el BCRA. “En esa misma línea, Aduana-AFIP efectuó denuncias penales por la no liquidación de divisas cuando se verifica una simulación de una operación de comercio exterior”, mencionaron.

En tanto, puntualizaron que las acciones que inició el Ministerio implicaron articular entre la Aduana y la AFIP un trabajo conjunto para intercambiar información con la Secretaría de Agricultura en tiempo real y detectar maniobras de no liquidación de divisas. Así habría sido que el Ministerio de Economía se encontró con esta falta de control de las empresas exportadoras. Un ejemplo que pusieron es que una solo empresa no liquidó al BCRA cerca de US$700 millones.

Con este escenario, señalaron que la Aduana dictó la IG 07/2022 (DGA) en la que establece pautas a seguir en los casos en que los exportadores no efectúen el ingreso oportuno de divisas. “El Administrador de la Aduana de registro intimará al exportador para que, dentro del plazo de 10 días, proceda a liquidar las divisas correspondientes o a garantizar su ingreso (seguro de caución)”, expresaron.

Los plazos para liquidar las divisas, según se establece en la Comunicación 7490 del BCRA, van de los 15 días desde el permiso de embarque (soja) hasta 180 días (economías regionales), existiendo casos de 365 días, pero siempre con un máximo de 60 días para operaciones entre empresas vinculadas.



Fuente: La Nacion







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