15/08/2023. NACIONALES.
Solo calculando los datos de 2022, con la soja tributando 33% y el resto de los granos en 12%, se estimó que existiría “un incremento de la actividad económica provincial y el Producto Bruto Geográfico tendría un aumento del 10% (5 mil millones de dólares)”. Pero la realidad es otra y los productores de la región, solo el año pasado, cedieron 2.700 millones de la divisa que se fueron de la provincia a las arcas del gobierno central.
El informe de esta fundación con sede en Rosario intenta mostrar que el impacto de los Derechos de Exportación no se limita al productor agrícola y también afecta la vida de todos los santafesinos, ya que de forma directa o indirectamente estos impuestos han restado 110.000 millones de dólares a la economía de la provincia.
“Sin darnos cuenta las retenciones hundieron la economía de Santa Fe”, sentencia el informe de la Fundación Apertura, institución apartidaria del interior del país, creada en 1991 y sin fines de lucro. Este es el trabajo:
Con semejante exacción de recursos, el razonamiento es que en los últimos años no se generan empleos debido a que Santa Fe perdió la capacidad de inversión privada. Tampoco se invierte en la construcción de viviendas, calles, ni rutas y no se avanza en la electrificación ni la conectividad. Y lo peor, no se reponen las maquinarias agrícolas, ya que no se puede invertir en la infraestructura de los campos.
La Fundación recordó que en este contexto casi 100 mil productores han sido expulsados del medio rural y así lo reafirman las estadísticas, donde se afirma que 29% de los productores ha abandonado la actividad agrícola, siendo Santa Fe la provincia que más aporta a esta cifra.
Ante la justificación, por parte del poder político de que las retenciones son necesarias para que no aumente el precio de los alimentos, desde la entidad destacan las experiencias de los países vecinos, donde no se aplica este impuesto a las exportaciones, indistintamente de la bandera política de los gobiernos, porque para todos ellos el desarrollo del agro es una “política de Estado”.
En Argentina, y a diferencia de los países limítrofes donde los alimentos apenas aumentan, existe una carga tributaria promedio del 40%, con tasas que encarecen el valor de los insumos y la distribución (fletes).
