30/11/2023. NACIONALES.
La mayor parte de las DJVE de maíz registradas en el último mes –principalmente por Cofco, Cargill, ADM y Amaggi– corresponde a la modalidad 360 (por 360 días de plazo para concretar el embarque luego de la registración), lo que conlleva la obligación de abonar derechos de exportación por adelantado.
La resolución 78 del Ministerio de Agricultura, vigente desde octubre de 2019, determina que los exportadores de productos agroindustriales están obligados a abonar al menos el 90% del derecho de exportación correspondiente dentro de los cinco días hábiles desde la registración de las DJVE-360, lo que implica, en los hechos, que el impuesto debe pagarse por adelantado.
Eso implica que los derechos de exportación correspondientes a más de 6,0 millones de toneladas de la nueva campaña agrícola de maíz –la avalancha de registraciones del último mes más lo que ya se había declarado antes– ya fueron cobrados por la actual gestión del ministro Sergio Massa. Se trata de maíz, vale recordar, que recién se está sembrando y que comenzará a cosecharse a partir de marzo de 2024.
La razón de tan particular fenómeno reside en dos circunstancias: una fáctica y otra hipotética. En lo que respecta a la primera, como el adelanto del 90% del impuesto se abona con el tipo de cambio oficial, es mucho mejor negocio cancelarlo ahora que luego de la devaluación (o megadevaluación) del peso que viene en camino. Todos los que tienen pesos están urgidos por sacárselos de encima y las compañías exportadoras no son la excepción.
En cuanto a segundo aspecto, una de las alternativas que está evaluando el equipo económico del gobierno entrante de Javier Milei es emplear lo recaudado por derechos de exportación agrícolas para rescatar los bonos “basura” –Lequiqs y Levids– colocados por la gestión de Massa.
Esa alternativa requeriría, por medio de algún mecanismo, contar con los dólares contantes y sonantes, de manera tal de disponer de un recurso real para poder rescatar la “bola de nieve” hiperinflacionaria que deja como herencia Massa.
La cuestión es que, si ya se realizó en su momento el pago por adelantado durante el último tramo de la administración de Massa, entonces no corresponderá al gobierno de Milei exigir recurso alguno por ese concepto.
Con las sucesivas prórrogas de las DJVE de maíz instrumentadas por el gobierno kirchnerista, es factible que las compras de maíz realizadas en el ciclo comercial anterior puedan usarse en el siguiente, lo que implica, en términos netos, que los exportadores se encuentran “comprados” en el cereal y tienen margen para realizar declaraciones masivas de embarques.
Eso mismo, en cambio, no pueden hacerlo con soja o con trigo de la campaña 2023/24, dado que, además de no haber implementado la posibilidad de prorrogar plazos de DJVE en ambos granos, los niveles de ventas de los mismos por parte de los productores son bajísimos y, por lo tanto, los exportadores no pueden registrar embarques por mercadería que no saben si tendrán disponible.
