11/11/2025. NACIONALES.

Las resoluciones 443/2025 Y 445/2025 establecen nuevos precios de referencia. El precio del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar se fijó en $918,025 por litro, mientras que el bioetanol elaborado a base de maíz quedó en $841,394 por litro. El plazo máximo de pago se mantuvo en 30 días corridos desde la emisión de factura.
La decisión se enmarca en la Ley 27.640 (artículo 8, segundo párrafo) que establece que la autoridad de aplicación puede elevar el corte cuando lo considere conveniente o bajarlo hasta el 3% “cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor por alterar la composición proporcional de aquel sobre este último, o bien ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras autorizadas por la autoridad de aplicación para el abastecimiento del mercado".
La industria del biodiésel el mes pasado trabajó muy poco y entregó stock porque los precios del aceite de soja llevan a que se trabaje a pérdida, explicó a LA NACION, Claudio Molina, consultor de biocombustibles y ferrocarriles.
Agrega que la decisión era “esperable” porque “la relación estaba al límite. La reducción del corte es abstracta porque el corte está por debajo del 6%. No tiene ningún efecto la medida porque en la práctica el cumplimiento de la meta no se da”.
En los fundamentos se indica que el ajuste responde a un incremento sostenido del precio del aceite de soja —principal insumo del biodiésel— a la vez que señala que “a fin de morigerar el impacto de dicho incremento en el precio del gasoil en boca de surtidor y en el costo logístico de la actividad económica en general, se considera necesario establecer transitoriamente una reducción del porcentaje de mezcla obligatoria”.
Federico Martelli, director ejecutivo de Cepreb, la cámara que reúne a las pymes productoras, señala a este diario que el aumento del precio es “insuficiente, pero es una buena señal del Poder Ejecutivo hacia el sector. Hay un compromiso de parte de la Secretaría de Energía de respetar la ley vigente y aplicar la fórmula de estipulación de precio establecida en la resolución 963/2023″.
“Con este nuevo precio algunas compañías podrán volver a producir a la espera de que en diciembre tengamos un precio que cubra los costos y perita normalizar la situación”, agrega.
Desde la Cámara Panamericana De Biocombustibles Avanzados, su presidente, Axel Boerr, plantea que la Secretaría de Energía sigue “incumpliendo la ley” de dos formas. Por un lado, “utiliza la fórmula de precio con distribución de gastos fijos para el volumen de un corte de 7,5%, pero con un corte menor. Al no ajustar los costos fijos por menor volumen están desobedeciendo el artículo 14 de la ley 27.640″.
Por el otro, reducen el corte de biodiesel “para controlar el precio de surtidor, que es libre, en un entorno de distorsión del precio de aceite (una suba) provocada por una política del gobierno (bajar retenciones temporariamente a cero)“. Boerr sostiene que la consecuencia es que el precio del aceite en el mercado doméstico supera en 14% al de la exportación.
Y añade que la solución que contempla la ley 27.640 está en su artículo 3°, inciso “g” y es que la misma Secretaría de Energía debe “garantizar la disponibilidad de materias primas a un precio máximo establecido en la paridad de exportación. La realidad es escandalosa: el aceite supera en 14% y el metanol en 123%“.
Senado
El gobierno nacional se muestra reacio a aumentar el corte como impulsa la Liga Bionergética (provincias productoras) y la Unión Industrial Argentina (UIA) para el próximo año. La propuesta del oficialismo es que el biodiésel pase del actual 7,5% al 10% en 2027 y el de bioetanol, del 12% al 15%, siempre en ese año.
La Liga pone para el biodiésel un aumento gradual hasta el 15% en dos años y para las naftas, el corte mínimo de bioetanol se elevará del 12% al 15% en el mismo lapso. Hay un esquema diferenciado del 10% para la región patagónica, sujeto a revisión periódica. El proyecto de ley está en comisión en el Senado, a donde podría tratarse esta semana.
La Cepreb se opone al proyecto por entender que “solo beneficia a Santa Fe y condena a la quiebra a las pymes del resto de las provincias”.