15/06/2026. NACIONALES. Industria
El Gobierno nacional avanzó con una nueva medida de desregulación al eliminar una normativa que durante más de dos décadas reguló la elaboración y actualización de las directrices de patentabilidad relacionadas con materia viva y sustancias naturales. La decisión fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 1/2026, firmada por las secretarías de Agricultura y de Coordinación de Producción, y apunta a simplificar los procedimientos administrativos vinculados a la propiedad intelectual.
La norma derogada había sido creada en 2001 y establecía la conformación de un Grupo de Trabajo Permanente en Propiedad Intelectual integrado por organismos técnicos como el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el entonces SENASA. Su misión consistía en elaborar criterios específicos para el patentamiento de innovaciones vinculadas a material biológico, genética vegetal y sustancias de origen natural.
Según explicó el Gobierno, el esquema vigente generaba una instancia administrativa adicional que ralentizaba la actualización de los criterios técnicos utilizados para evaluar solicitudes de patentes. Las autoridades consideran que los avances científicos, tecnológicos y jurídicos registrados en los últimos años requieren mecanismos más dinámicos que permitan adaptar las normas a los estándares internacionales y a las necesidades actuales de la innovación.
Uno de los argumentos centrales de la medida es que el objetivo original de la resolución ya había sido cumplido. Las directrices de patentabilidad que el grupo de trabajo debía desarrollar fueron aprobadas por el INPI en 2003 y continúan vigentes desde entonces, por lo que el Ejecutivo entiende que la estructura creada hace 25 años dejó de tener una función operativa relevante.
A partir de esta modificación, el INPI podrá actualizar y revisar las directrices técnicas de patentabilidad sin necesidad de recurrir a mecanismos de consulta o validación establecidos por la normativa derogada. El Gobierno sostiene que la Ley de Patentes ya otorga al organismo las facultades necesarias para definir criterios técnicos y administrativos en materia de propiedad intelectual.
Desde la administración nacional afirman que la medida permitirá fortalecer la capacidad institucional del instituto, agilizar los tiempos de evaluación y generar un entorno más favorable para la innovación tecnológica. Asimismo, consideran que contribuirá a brindar mayor previsibilidad a los sectores vinculados con la investigación científica, la biotecnología, el mejoramiento genético vegetal y el desarrollo agroindustrial.
La resolución entró en vigencia el 11 de junio tras su publicación en el Boletín Oficial y fue comunicada formalmente al INPI, INASE, INTA y SENASA. Con esta decisión, el Gobierno profundiza su estrategia de simplificación administrativa y reducción de regulaciones, buscando acelerar los procesos asociados a la innovación y fortalecer la protección de la propiedad intelectual en áreas consideradas estratégicas para el crecimiento productivo del país.
