El nuevo costo de exportar: el campo argentino deberá demostrar cómo contrata a sus trabajadores

La Argentina suma controles laborales para respaldar sus exportaciones. El desafío: cumplir con los mercados externos sin elevar los costos del productor.


amanecer rural

La Argentina dio un nuevo paso para adaptar sus exportaciones agropecuarias a las exigencias internacionales. El 29 de octubre de 2026, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la plataforma Visec presentaron en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires una constancia destinada a verificar las condiciones laborales en establecimientos vinculados con las cadenas exportadoras. La iniciativa busca aportar garantías a los compradores internacionales, pero también abre un interrogante para el campo: ¿quién asumirá los costos de demostrar que se cumple con las reglas?

La novedad llega en un escenario en el que producir alimentos de calidad y a precios competitivos ya no resulta suficiente para acceder a determinados mercados. La trazabilidad ambiental, el origen de las materias primas y las condiciones sociales de producción ganan protagonismo en las decisiones comerciales. Para la Argentina, que compite con Brasil, Paraguay y Uruguay por mercados agroalimentarios, el desafío consiste en transformar esas exigencias en ventajas competitivas, sin sumar obstáculos a productores que ya enfrentan retenciones, costos logísticos elevados y presión tributaria.

Qué cambia para el productor argentino y quién pagará los nuevos controles

La herramienta impulsada por UATRE y Visec contempla verificaciones presenciales en establecimientos agropecuarios para documentar aspectos relacionados con la registración laboral, la seguridad y el cumplimiento de la legislación argentina. Según se explicó durante la presentación, el sindicato participará mediante personal capacitado, la organización Crisol Proyectos Sociales aportará supervisión técnica y Visec emitirá la constancia. No se trata de una simple declaración del productor: el procedimiento incluye comprobaciones en el terreno, con el objetivo de generar información verificable para las empresas exportadoras.

La presidenta de Crisol Proyectos Sociales, Margarita Carratu, explicó que el mecanismo tendrá un enfoque de mejora continua y no exclusivamente sancionatorio. Cuando se detecten faltantes documentales o dificultades administrativas, se buscará acompañar su resolución. La propuesta apunta a establecer criterios comunes para productores, acopiadores y exportadores. Sin embargo, todavía resulta fundamental conocer cómo se financiarán las verificaciones, qué obligaciones asumirán los establecimientos y cuáles serán las condiciones concretas de participación.

El contexto internacional explica buena parte de esta iniciativa. El Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) establece obligaciones de diligencia debida para determinadas materias primas y productos, entre ellos la soja, la carne vacuna y la madera. Sin embargo, la normativa europea no exige específicamente la constancia laboral de UATRE y Visec, ni obliga a utilizar esa plataforma. La herramienta argentina busca aportar documentación complementaria sobre cumplimiento laboral, pero no reemplaza las responsabilidades legales de los operadores que comercializan productos alcanzados por el reglamento.

Para las empresas exportadoras, contar con información laboral organizada podría facilitar las respuestas a compradores que incorporan criterios sociales en sus políticas de abastecimiento. También podría reducir la repetición de solicitudes documentales y verificaciones entre proveedores. Pero para el productor la ecuación es diferente: cada nuevo procedimiento puede representar tiempo, recursos administrativos y eventuales costos adicionales. La competitividad dependerá, en buena medida, de que el sistema simplifique trámites y evite duplicaciones, especialmente entre pequeños y medianos establecimientos.

La comparación regional también importa. Brasil dispone de una escala productiva y exportadora superior en soja y carne vacuna, mientras Paraguay consolidó su participación en el complejo sojero y Uruguay desarrolló una experiencia reconocida en trazabilidad ganadera. Aunque estos antecedentes no equivalen a una certificación laboral, muestran que la capacidad de documentar procesos productivos forma parte de la competencia internacional. Para la Argentina, construir mecanismos comunes puede ser una oportunidad, siempre que sean eficientes y reconocidos por los compradores.

La informalidad rural y el desafío de competir sin sumar barreras

Durante la presentación, el secretario general de UATRE, José Voytenco, vinculó la iniciativa con la problemática del empleo rural no registrado. El dirigente estimó que la informalidad alcanza aproximadamente al 70% de los trabajadores del sector y mencionó más de 5.000 fiscalizaciones realizadas durante los últimos años. Esa estimación debe interpretarse con cautela, ya que no se precisó la fuente estadística utilizada ni el período exacto de las inspecciones. De todos modos, la registración laboral constituye una cuestión relevante para la sostenibilidad social y económica de las cadenas agroindustriales.

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, defendió la construcción de una respuesta colectiva frente a las exigencias internacionales. El dirigente planteó que los compradores externos están modificando las condiciones de acceso a sus mercados y que la Argentina necesita adaptarse para sostener sus ventas. El argumento del sector exportador es que una solución compartida puede resultar más eficiente que múltiples sistemas privados de verificación, que podrían elevar los costos operativos de toda la cadena.

La iniciativa también recibió el respaldo institucional de representantes de la producción. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, destacó la importancia de fortalecer el diálogo entre empleadores y trabajadores, mientras que el titular de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Ricardo Marra, remarcó la necesidad de demostrar las condiciones bajo las cuales se producen los alimentos. El encuentro dejó expuesta una coincidencia entre distintos actores: el acceso a los mercados internacionales exige cada vez más información, pero su implementación debe contemplar la realidad económica de quienes producen.

El desafío trasciende la relación comercial con Europa. La creciente incorporación de estándares ambientales y sociales en las cadenas globales puede influir en las decisiones de compra, la selección de proveedores y las estrategias de diferenciación comercial. Para la Argentina, esto representa una oportunidad de fortalecer el agregado de valor y la reputación de sus exportaciones. Sin embargo, también existe el riesgo de que los requisitos privados de los compradores funcionen como barreras comerciales de hecho, especialmente cuando su cumplimiento exige inversiones que no todos los establecimientos pueden afrontar.

La cuestión central será determinar si la constancia laboral logra convertirse en una herramienta que facilite negocios o si termina agregando complejidad a una actividad que ya enfrenta importantes desafíos estructurales. Será necesario conocer sus costos, mecanismos de control, alcance territorial y reconocimiento comercial. La existencia de una constancia no garantiza por sí sola mayores exportaciones ni mejores precios. Su valor dependerá de que los compradores la consideren útil y de que productores y empresas puedan incorporarla sin perder eficiencia.

El agro argentino enfrenta así una nueva dimensión de la competitividad: ya no alcanza con producir más y mejor, también será necesario demostrar cómo se produce. La coordinación entre trabajadores, productores y exportadores puede ayudar a responder a esa transformación, pero deberá traducirse en procedimientos claros, accesibles y económicamente sostenibles. Frente al avance de Brasil y otros competidores regionales, el verdadero desafío será cumplir con las exigencias internacionales sin convertir la trazabilidad y las verificaciones laborales en otro costo que termine restando competitividad al campo argentino.



Fuente: Ignacio Rivero







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