18/11/2026. NACIONALES. Actualidad

El comunicado fue leído por el titular de Maizar, Luis Urriza, y se centró en la necesidad de previsibilidad a largo plazo, reglas claras, mercados y conocimiento.
A partir de enero próximo comenzará a aplicarse la rebaja gradual de los derechos de exportación dispuesta por el Gobierno mediante un cronograma de reducciones de alícuotas mensuales, trimestrales y semestrales hasta diciembre de 2028. Sin embargo, ante el temor de que un eventual cambio de administración modifique el esquema, las entidades reclamaron seguridad jurídica:
El pedido: Solicitaron que el Poder Ejecutivo impulse en el Congreso una ley que oficialice el cronograma vigente, defina el recorrido exacto hasta la total eliminación de las retenciones con alícuotas y fechas ciertas, y suprima la posibilidad de volver a subirlas mediante el Código Aduanero.
Otras demandas de previsibilidad: En el mismo apartado, exigieron la aprobación definitiva de la nueva ley de biocombustibles (con horizontes largos y los mayores cortes votados en el Senado) y una ley nacional de fitosanitarios basada en evidencia científica que unifique los requisitos en todo el país. Asimismo, pidieron multiplicar las líneas de crédito público a 10 años para infraestructura y equipamiento rural.
Con la siembra directa implementada en 8 de cada 10 hectáreas agrícolas, las cadenas advirtieron que los suelos reciben actualmente menos nutrientes de los que necesitan debido al impacto de los derechos de exportación y la carga impositiva sobre los insumos.
Propuesta: Sancionar una ley de nutrición del suelo que promueva el uso de fertilizantes y enmiendas mediante un incentivo fiscal a la reposición de nutrientes que acompañe el sendero de rebaja de las retenciones.
Confianza comercial: Hicieron hincapié en la calidad de los granos (trigo, girasol, maíz y soja) y defendieron el respaldo técnico privado frente a exigencias internacionales y normativas comerciales (como las de la Unión Europea), exigiendo que las normativas ambientales se apoyen en evidencia científica y protejan los datos del productor.
Apertura de destinos: Plantearon la necesidad de multiplicar las agregadurías agrícolas en el mundo (destacando el rol de la oficina abierta en Vietnam en 2025) y abrir nuevos mercados para productos como el sorgo.
Biotecnología: Pidieron acortar los plazos de aprobación de eventos biotecnológicos en los países compradores para que la tecnología disruptiva (como defensas contra el gusano cogollero en el norte del país) llegue al productor sin años de demora.
Ante las brechas tecnológicas existentes —donde se cosecha entre el 60% y el 70% del potencial biológico que permiten el suelo y el clima—, las entidades insistieron en la urgencia de debatir y aprobar una nueva ley de semillas.
El objetivo es establecer reglas claras sobre la propiedad intelectual en el mejoramiento genético (soja y trigo) que incentiven la inversión privada y garanticen el acceso fluido del productor a la tecnología.
Como cierre, propusieron transformar los ejes planteados en una agenda operativa coordinada junto con la Secretaría de Agricultura, las distintas áreas de gobierno y las provincias, estableciendo prioridades claras, responsables y un seguimiento compartido para favorecer el arraigo y el desarrollo en los pueblos del interior productivo.

