16/07/2026. INTERNACIONALES.

Los ministros de Agricultura de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay reclamaron a la Unión Europea que cualquier modificación en los límites máximos de residuos (LMR) para productos fitosanitarios esté respaldada por evidencia científica. La posición fue acordada durante la reunión del Consejo Agropecuario del Sur (CAS) en Bolivia y surge ante la preocupación de que las nuevas regulaciones europeas puedan convertirse en un obstáculo para el comercio internacional de alimentos.
La declaración conjunta representa una de las posiciones regionales más firmes de los últimos años en materia de acceso a mercados. Para los países del CAS, modificar las tolerancias de importación o los límites permitidos para residuos de fitosanitarios sin una evaluación científica del riesgo podría generar incertidumbre para exportadores, alterar las reglas del comercio internacional y afectar la previsibilidad que necesitan las cadenas agroalimentarias.
La postura fue comunicada oficialmente a las autoridades europeas mediante una nota firmada por el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua de Bolivia, Óscar Mario Justiniano, quien actualmente ejerce la presidencia pro témpore del bloque.
En el documento, los ministros sostienen que la protección de la salud de los consumidores y la inocuidad de los alimentos son objetivos compartidos, pero advierten que esos principios deben sostenerse sobre evaluaciones técnicas reconocidas internacionalmente y no sobre decisiones regulatorias que carezcan de respaldo científico.
El planteo cobra especial relevancia porque la Unión Europea analiza cambios en su política sobre Límites Máximos de Residuos (LMR) y tolerancias de importación para distintos productos fitosanitarios, medidas que podrían impactar sobre las exportaciones agroalimentarias provenientes del Cono Sur.
El bloque advierte sobre el impacto en las exportaciones y la seguridad alimentaria
Durante el encuentro, los ministros remarcaron que los países del CAS desempeñan un papel estratégico en el abastecimiento mundial de alimentos y que cualquier modificación regulatoria debería contemplar tanto la evidencia científica como las normas internacionales vigentes.
En ese sentido, defendieron los LMR establecidos mediante evaluaciones de riesgo, al considerar que constituyen herramientas eficaces para proteger la salud pública sin introducir restricciones innecesarias al comercio.
Además, señalaron que preservar un sistema basado en la ciencia, la transparencia y el respeto de las reglas multilaterales resulta fundamental para fortalecer las relaciones comerciales entre ambas regiones.
La reunión del CAS también sirvió para analizar el escenario climático que enfrentará el Cono Sur durante los próximos meses. Un informe elaborado por especialistas del Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur (PROCISUR) anticipó que El Niño podría generar una mayor disponibilidad de agua para la actividad agropecuaria, aunque también aumentaría el riesgo de tormentas intensas e inundaciones en algunas zonas productivas.
Los ministros coincidieron en que contar con información climática anticipada será determinante para mejorar la planificación de las campañas agrícolas y reducir la vulnerabilidad de los sistemas productivos.
Otro de los temas destacados fue la reciente decisión del Parlamento Europeo de rechazar una propuesta que pretendía clasificar a la soja como una materia prima con alto riesgo de cambio indirecto del uso de la tierra. De haberse aprobado, el biodiésel elaborado a partir de soja habría quedado excluido de los objetivos europeos de transición energética.
El Consejo Agropecuario del Sur celebró ese resultado y reiteró su rechazo a regulaciones unilaterales que, a su juicio, puedan transformarse en barreras comerciales encubiertas.
La posición también fue respaldada por la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur Ampliado (FARM), que manifestó su preocupación por el impacto que distintas iniciativas regulatorias europeas -entre ellas el Reglamento sobre Deforestación (EUDR)- podrían tener sobre el acceso de los productos agropecuarios sudamericanos a ese mercado.
Para el bloque regional, el desafío no pasa por reducir los estándares sanitarios, sino por asegurar que las futuras normas internacionales se construyan sobre criterios técnicos, evidencia científica y reglas claras, de manera que la protección de los consumidores sea compatible con un comercio agroalimentario abierto, transparente y previsible.
